España dio un paso más en su presión diplomática contra Israel por la guerra en Gaza. Este domingo 25 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió públicamente un embargo internacional de armas al Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, así como nuevas sanciones individuales contra responsables israelíes implicados en la guerra contra Palestina. “Gaza es una herida abierta en la humanidad”, declaró el canciller español, denunciando la “masacre” que sufre la población civil palestina.

La declaración se produjo durante la segunda reunión del Grupo de Madrid, una plataforma impulsada por España que reunió a más de 20 países europeos y del mundo árabe. En ella, Albares insistió en que las acciones de Israel “no tiene sentido militar” y que sólo una solución política basada en la creación de dos Estados puede devolver la estabilidad a Oriente Medio.

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Para algunos analistas, la posición del Ejecutivo español presenta contradicciones, ya que aunque ahora exige la suspensión de cualquier relación armamentística con Israel, España mantuvo ventas de armas a ese país durante los primeros meses del conflicto. Solo recientemente, y tras la presión social y parlamentaria, anunció la paralización de estas operaciones, una medida que aún está siendo fiscalizada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas. No puede haber venta de armamentos a Israel. Oriente Medio lo último que necesita en estos momentos es más armamento”, afirmó Albares, advirtiendo además que el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel debería suspenderse si se siguen vulnerando los derechos humanos en Gaza.

El ministro también abrió la puerta a ampliar las sanciones individuales, (actualmente limitadas a 13 colonos israelíes), a del gobierno de Netanyahu. “No descartamos ninguna opción”, dijo, en respuesta a si el propio primer ministro israelí podría ser incluido en la lista de sancionados.

Durante la cumbre, Albares remarcó la urgencia de reforzar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como alternativa «legítima» a Hamás. El funcionario aseguró que parte del deterioro institucional en los territorios ocupados ha sido provocado por la retención de fondos por parte de Israel.

El primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, también participó en el encuentro y denunció lo que considera “crímenes de guerra claros y continuados” por parte de Israel. Aseguró que Gaza ha sido oficialmente declarada zona de hambruna y que la situación en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas es igualmente crítica, con expansión de asentamientos ilegales y violencia de colonos.

El reconocimiento del Estado palestino fue otro de los ejes de la reunión. España, junto con Irlanda y Noruega, ya han dado ese paso, mientras que Francia y Arabia Saudita preparan una conferencia para mediados de junio en la que se promoverá un reconocimiento internacional coordinado.

Pese a las tensiones diplomáticas, Albares subrayó que las medidas propuestas no se dirigen “contra Israel”, sino contra quienes impiden una solución de paz. “El mismo derecho a la paz que tiene el pueblo de Israel, lo tiene el pueblo palestino”, concluyó.

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